La revista SEMANA revela audios y videos, con algunas de las pruebas de las investigaciones que se adelantan en Fiscalía y Procuraduría, en contra de generales del Ejército que terminaron desencadenando una cacería entre militares.

“El que me traiga quiénes son los que están filtrando la información de lo que está saliendo en la prensa le damos 100 millones de pesos o seis meses de permiso”. Esta frase fue pronunciada por el general Eduardo Quirós, cabeza del Comando de Apoyo de Contrainteligencia (Cacim), el pasado 7 de junio en el auditorio del batallón de ingenieros militares, ubicado en el sector de Puente Aranda, al occidente de Bogotá.

Estaba reunido con sus hombres de contrainteligencia, muchos de los cuales quedaron impactados por lo que acababa de decir su comandante. “Al comienzo pensamos que era un chiste porque nosotros como funcionarios públicos no podemos recibir ese tipo de recompensa”, contó a SEMANA uno de los uniformados que estuvo presente y que tiene más de 15 años de servicio. “Sabíamos que estaban desesperados por saber de dónde está saliendo la información que está apareciendo en los medios, pero quedamos sorprendidos cuando dijo eso en la reunión.¿De dónde iba a sacar esa plata?, ¿cómo la iba a legalizar?”, dijo otro de los uniformados con mas de 50 felicitaciones y varias condecoraciones en su hoja de vida. Otros tres militares ratificaron a SEMANA la polémica frase.

Quince días antes, el pasado 22 de mayo, Quirós fue el mismo oficial que estuvo en la sede de la Segunda División en Bucaramanga, donde citaron a 15 militares con el fin de realizar algunas entrevistas y pruebas de polígrafo como parte de una cacería para saber quiénes dentro de la institución están contando lo que ocurre. Ese episodio, revelado por SEMANA, fue negado por el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, y otros altos oficiales.

No obstante, esta revista tiene en su poder audios, videos y fotografías que demuestran que eso ocurrió, y varios uniformados alcanzaron a ser interrogados antes de que se filtrara lo que estaba ocurriendo a la prensa y tuvieran que suspender abruptamente.

“El que me traiga quiénes son los que están filtrando la información que está saliendo en la prensa le damos 100 millones”.

Estos dos episodios reflejan el ambiente interno que desde hace varios meses se vive dentro del Ejército, y que ha llegado a extremos como seguimientos y amenazas contra aquellos que entregan y reciben la información. “Todo comenzó por saber quién contó y entregó los famosos formatos para duplicar los resultados, pero el fondo de esa persecución es sobre todo para evitar que se conozcan casos de corrupción de todo tipo en los altos niveles”, contó a SEMANA un oficial adscrito al Comando del Ejército.

En efecto, la divulgación de las polémicas órdenes para doblar los resultados, incluidas las bajas, desató un escándalo internacional hace un mes. Esto sin tener en cuenta que solo hasta ahora se conocen los formatos firmados de puño y letra de los altos oficiales, como lo revela SEMANA .

“Cuando el superior pierde la vergüenza, el subalterno pierde el respeto. Y eso es lo que lamentablemente está pasando. Lo triste es que por cuenta de muy pocos mandos se mancha la imagen de la institución más importante y grande que tiene el país, que es el Ejército Nacional”, afirma un uniformado que trabaja en el Comando de esa fuerza.

En efecto, es justo reconocer que lo que dice este militar es verdad. La situación que hoy atraviesa esa institución no es un tema generalizado; es indudable que la inmensa mayoría de los hombres y mujeres que lo conforman y arriesgan sus vidas a diario lo hacen con honestidad y transparencia. Es por eso que, aun corriendo inmensos riesgos, algunos optaron por contar lo que ocurre a las entidades de control como la Fiscalía y la Procuraduría. Lo hicieron porque les duele que unos pocos con poder pongan en entredicho a la que sin duda es una de las instituciones más queridas y respetadas por los colombianos, según todas las encuestas.

Lo cierto del caso es que SEMANA obtuvo en la Fiscalía y la Procuraduría partes del acervo de pruebas, testimonios y evidencias que hacen parte de las investigaciones en las cuales están comprometidos altos oficiales de la actual cúpula militar.

Uno de estos casos, que está en el despacho de un fiscal delegado ante la Corte Suprema, involucra al general Adelmo Fajardo, actual segundo comandante del Ejército. Varios militares, que trabajaron con él y fueron sus hombres de confianza, les contaron a los investigadores cómo debían sacar dinero para entregarle a este oficial para gastos personales y viajes de su familia al exterior.

Mucho más complejas y delicadas son las denuncias y pruebas que duermen el sueño de los justos en la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema, donde reposan evidencias, videos, audios y testimonios en contra del general Jorge Horacio Romero, actual cabeza del Comando de Apoyo de Acción Integral. Varios empresarios de Antioquia declararon ante los investigadores cómo el general, cuando fue comandante de la Cuarta Brigada en Medellín, les solicitó dinero a cambio de autorizar la expedición de salvoconductos para el porte de armas. La Fiscalía, incluso, tiene denuncias que señalan que, a cambio de gruesas sumas de dinero, esos permisos para porte de armas también habrían sido entregados a integrantes de la temida banda criminal conocida como la Oficina de Envigado.

Estos dos altos oficiales llegaron a formar parte de la actual cúpula del Ejército. Sin embargo, las denuncias en su contra no son nuevas y eran bien conocidas dentro de las propias filas. De hecho, varias fueron radicadas en la propia Inspección del Ejército cuando el encargado de esa área era el propio Nicacio Martínez, cargo que ejerció hasta diciembre pasado antes de ser nombrado comandante de esa institución.

Esto no es lo único que está bajo investigación. “Yo si lo voy a decir de frente, la voy a coger y le voy a decir: o usted me soluciona lo mío, ya que está endiosada, y me colocan en la Brigada 25 de aviación donde supuestamente yo iba a estar, porque usted me hizo el cajón; o yo paso la baja, pero antes de irme de baja voy a salir en un noticiero contando todo, y digo qué es lo que usted quería hacer y qué era lo que estaba haciendo y qué hicimos para que mi general Martínez llegara (a ser comandante del Ejército) y qué es lo que busca realmente”. 

Mayor: ¿Y mi coronel, de lo de la aviación qué sabido de allá, qué otra persona a sabido que esté hablando con ella? Coronel: Pues ella ahoritica marica como supuestamente mi general Martínez le debe el ascenso a ella. Mayor: ¿a quién? Pues hijueputa, a María.

El anterior es un fragmento de una conversación que está en poder de las autoridades, en la cual un coronel activo le cuenta a un mayor lo que piensa decir si no es nombrado en la unidad militar que quiere. En la conversación, el coronel se refiere a una mujer llamada María Nohemy. Se trata de una abogada que, según confirmaron en el Comando del Ejército, es muy cercana a varios de los generales, debido a las relaciones que maneja con importantes políticos y abogados. “Ella entra como Pedro por su casa al Ejército, y todos los generales le corren”, confirmaron a SEMANA desde la Ayudantía del Comando. El asunto no tendría mayor relevancia de no ser porque esta abogada, a quien llaman la Mata Hari o María de los Guardias, se dedica a la consecución de millonarios contratos para diferentes empresas, a cambio de jugosas comisiones para ella y sus amigos generales. Pruebas y declaraciones al respecto también están en la Fiscalía y la Procuraduría.

Todo lo anterior es un pequeño panorama de lo que muchos no querían que saliera de las paredes del Comando del Ejército y menos a la luz pública, lo cual explica el nerviosismo y la cacería que se desató. Aunque estos casos son graves, realmente implican a muy pocas personas dentro de la institución. La lucha diaria de más de 200.000 hombres y mujeres no puede, ni debe, verse empañada por las acciones de un puñado, que aprovechando los puestos de poder terminan salpicando la reputación del Ejército; y menos el valor y honestidad de una inmensa mayoría que trabaja y se sacrifica por la tranquilidad y convivencia de todos los colombianos. El jueves en la tarde, SEMANA envió un cuestionario al general Martínez y se comunicó con la Oficina de Prensa del Ejército. Sin embargo, a pesar de la insistencia de esta revista durante todo el viernes, no fue posible conocer las respuestas del comandante del Ejército.

SEMANA conoció las declaraciones que están en Fiscalía y en la Procuraduría, de varios uniformados, entre ellos un oficial que trabajó durante un año con el general Adelmo Fajardo Hernández cuando él era el comandante del Comando de Educación y Doctrina del Ejército (Cedoc), cargo que ocupó entre 2016 y diciembre de 2017. En estas, el testigo describe un esquema en el que él mismo participó, dentro de esa unidad, para conseguir dinero destinado a gastos personales del alto mando militar y de su familia. El general Fajardo salió de ese puesto en diciembre pasado, para convertirse en el actual segundo comandante del Ejército.

El oficial –cuyo nombre se mantiene bajo reserva por seguridad– cuenta que fue tan fuerte la presión que recayó sobre él, orientada a que consiguiera y camuflara sumas millonarias para el general Fajardo, que terminó enfermándose. “Me fui hospitalizado; de tanta maricada me dio un hp patatús y me hospitalizaron. Todos los signos vitales me bajaron, casi me infarto”.

El militar relata que el general Fajardo le pedía dinero para costear gastos de viajes suyos y de su familia. “El general me decía: ‘hermano, me voy pa Estados Unidos, necesito 5 millones de pesos’ (….) Uno lo piensa, hp, bueno, y busque y haga papeles para legalizar esa mierda. ‘Hermano, que mi señora se va para Estados Unidos y necesita 1 millón de pesos y asignarle un hp carro por allá, para que ande con los hijos’, en no sé dónde, en Orlando creo que era. Bueno, corra hp a buscar esa mierda”.

Más adelante, el oficial asegura que durante su cargo, bajo el mando de Fajardo, el general viajó una vez a Estados Unidos, y que, en esa ocasión, tuvo que entregarle irregularmente alrededor de 2.500 dólares para sus gastos. También relata que cuando la familia de su comandante viajó a ese mismo país, les consiguió un millón y medio de pesos para que alquilaran un carro.

“El general decía: hermano me voy pa Estados Unidos, necesito 5 millones. (…) y busque y haga papeles para legalizar esa mierda”

“Y si usted no cumple qué… ¿A dónde cree que estaría yo trasladado, ah?”, se pregunta el oficial que entregó su testimonio, hoy en poder de los entes de control.

Según su declaración, tuvo que conseguir dinero asimismo para comprar celulares para los hijos del general. “Una cosa es que era plata y la otra es que ‘cómpreme el celular del chino’”, cuenta. Más adelante agrega: “Me manda a unas maricadas porque los hijos son, trabajan con sistemas (…) Que unos aparatos, tocaba pagarlos con unos PIN. Él (otro oficial) me mandaba el PIN. ¿Que sería? Ni idea. Y pagaba 200.000, 300.000, 600.000 pesos, pero era para los hijos”.

El oficial cuenta que incluso recibió órdenes de sus jefes dentro de esa unidad para comprar tapetes de las instalaciones, aún cuando eso no estaba dentro del presupuesto. “Mañana deben amanecer estos pisos con tapetes, como 20 millones en tapetes. Qué cambalaches cree que le toca hacer a usted hp, por lado y lado, para cumplir esa orden; cuando no está planeado, no hay presupuesto para esa mierda. Ahí le toca: ‘colabóreme usted, señor, con un tapete aquí’… No, marica, entonces yo me agarré tanto a pelear, a pelear con el jefe de Estado Mayor, hasta que me quitó ese hp cargo de ahí”.

En su declaración, el oficial dice que, en total, calcula que le habría entregado entre 45 y 50 millones de pesos al general Fajardo. Pero no solo cuentan los supuestos destinos de ese dinero, sino también sus orígenes. Dice que conseguía la plata “de los proveedores y del que subiera; del que me ayudara. ¿Porque qué hacía yo? Porque él me pedía cuentas, me subía a la oficina: muestre un cuadro con todas las partidas, número de proveedores, saldo, por cuánto fue, cuánto queda. Me controlaba, tenía el cuadro y me llamaba a la oficina, a veces me daba la una de la mañana allá encerrado. Que tal cosa, que de aquí podemos sacar para no sé qué. Eso, hijueputa. ‘Yo, ¿este man qué, mano? Lo que ordene, mi general’. Sí, qué más le iba a decir yo. Mandarlo a comer mierda no se podía”.

Para darle apariencia de legalidad a esos gastos, cuenta el militar, se camuflaban entre otras ocupaciones. “Con todas las actividades que se hacían, porque se hacían buenas actividades también. Que el día de la familia, que el día de la madre, que el día del padre, que el día de la secretaria, que el día del psicólogo, que el día del… Aparte de eso, la cafetería funcionaba con su aromática, el café, el azúcar, la panela, el maní; lo que pidan para esas reuniones hay. Los consejos directivos, las reuniones…”.

El militar asegura que la presión para conseguir dinero lo agobió tanto que se enfermó y pidió la salida de sus cargo administrativo dentro del Cedoc. “Entonces dije: de aquí para adelante, yo no le ayudo a más nadie en esta mierda. Coman mierda, tanto problema y usted qué, lleno de deudas no más. Entonces ahí le dije al jefe de Estado Mayor: ‘no, mi coronel, solicito reléveme de ese cargo ya, yo no quiero trabajar más ahí’”.

Estos cuestionamientos que reposan en la Fiscalía y la Procuraduría en contra del general Fajardo no son los primeros que caen sobre el hoy segundo al mando del Ejército. En enero de 2014, Daniel Coronell reveló en su columna de SEMANA que el general, entonces comandante de la Décima Brigada, le prestó un helicóptero Black Hawk a Eduardo Campo Soto, el entonces procurador delegado para las Fuerzas Militares. Se trataba del mismo funcionario que por ese tiempo lo investigaba en un supuesto caso de corrupción.

“El general Fajardo no encontró inconveniente en poner la aeronave al servicio del procurador que hace un tiempo le archivó –provisionalmente– una investigación por ‘actos de corrupción cometidos por el coronel Adelmo Fajardo, comandante de la Brigada 14, por mal uso y destinación de bienes del Estado’, de acuerdo con los registros de la entidad. (…) El procurador Campo reconoció que en su despacho cursan dos investigaciones –por presunto homicidio y nexos con paramilitares– contra el general Fajardo”, escribió el periodista hace cinco años.

Después de pasar por el Cedoc, el general Fajardo estuvo a cargo del Comando Conjunto del Suroriente Número 3, en el que tenía alrededor de 50.000 hombres bajo su tutela, en varios de los departamentos más convulsos del país. Finalmente, el 21 de diciembre pasado, el Ministerio de Defensa lo anunció como nuevo miembro de la máxima cúpula del Ejército.

Por intermedio de la oficina de prensa del Ejército, el jueves en la tarde, SEMANA envió un cuestionario al mayor general Fajardo. El viernes en la mañana el oficial afirmó tener el cuestionario respondido, sin embargo, al cierre de esta edición, al final de la tarde del viernes, esas respuestas jamás llegaron. 

“A mí me dijeron que viniera y diera once  millones y medio”

SEMANA conoció las declaraciones en poder de la Fiscalía y la Procuraduría de un importante empresario antioqueño, de un militar y de una civil sobre supuestos actos de corrupción del general Jorge Romero Pinzón cuando comandó la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017. Sus denuncias no son los únicos señalamientos sobre el militar. La Fiscalía investiga posibles malos manejos que sumarían alrededor de 1.000 millones de pesos. Dineros destinados al mantenimiento de vehículos, a la compra de combustible, entre otros, habrían sido desviados mediante maniobras ilegales en las que estuvieron involucrados otros altos oficiales a su cargo.

En los círculos castrenses se especulaba que al no ser llamado al curso de ascenso para mayor general, Romero saldría de las filas. Sin embargo, en enero, con la llegada de la nueva cúpula del Ejército, terminó designado en la jefatura del Comando de Apoyo Integral y Desarrollo, unidad que maneja un abultado presupuesto para proyectos en el país. La declaración del empresario –cuyo nombre se mantiene bajo reserva por motivos de seguridad– apunta a una de esas líneas de investigación sobre el general. Se trata de una dinámica que Romero habría montado en la Cuarta Brigada para recibir dinero a cambio de la entrega de los permisos de porte de armas.

En su declaración, el empresario advierte: “¿Hasta dónde puede repercutir mi versión? Si de pronto él tiene un papá (padrino) y lo único que van a hacer es que archivan, yo voy a quedar con un enemigo poderoso. Pero, como ciudadano, pienso que personas como él surgen por el miedo, porque nadie los enfrenta”. Entonces relata que conoció a Romero porque la misma esposa del general les arregló una cita. Allí, en la sede de la brigada, el general le pidió que organizara un encuentro con la plana mayor del empresariado paisa, porque a ellos había que protegerlos.

“En tres días convoqué y le llevé a todos los industriales de la ciudad, Fábrica de Licores, Tanques y Camiones; o sea, los industriales grandes (…), transportistas, comerciantes…”. Según la declaración, esa reunión no fue atendida por Romero, sino por un mayor del mismo apellido. Al final del encuentro, el general habló con el empresario. Fue entonces que se refirió a los permisos para el manejo de armas que los empresarios piden para protegerse.

“Cuando (Romero) me dijo eso, (pensé): Dios mío, que persona acaba de llegar aquí. Esto va a ser el deleite de los bandidos”.

“Me dice: ‘lo de los permisos especiales yo te los voy a manejar, le voy a poner orden a esto. Quiero que tú me manejes esa parte y me lo manejes a sobre cerrado’”. El empresario agrega: “Cuando a mí me dijo eso, [pensé]: Dios mío, qué persona acaba de llegar aquí. Esto va a ser el deleite de los bandidos”. Cuenta que en el momento en que se le vencieron los permisos para las cuatro armas que manejaba, envió a la brigada las solicitudes para renovarlos, acatando el trámite regular. Le negaron uno de ellos.

El empresario se enteró, según cuenta, de que el general Romero buscó información en la Policía sobre sus empresas. “Veíamos la mala intención de él y como el querer buscar cosas que de pronto, realmente… Para ser honestos, si uno se pone a buscar, él sí las tiene. Nosotros no. O sea, las cosas oscuras creo que las maneja él”. Más adelante, el empresario dice: “Uno se dio cuenta, por muchos contratos y muchas cosas, de que el hombre se lucró”. Y agrega: “No sé quién será el padrino de él o el que está detrás. Pero yo veo que sigue ascendiendo, que está en mejores cargos o con más poder”.“Pero, inmediatamente, en la brigada le dijeron que por qué está negando el permiso, si reunía todas las condiciones. Entonces me lo aprobó. Me hizo ir a la oficina (…) y me puso a esperar como cinco horas (…) Luego me hizo pasar. [Me dijo]: ¿Yo qué le dije a usted? ¿Usted por qué presenta los permisos? Le dije: señor, yo hago el trámite”. Romero le alegó: “Yo le dije a usted cómo era esto”.

“ONCE MILLONES POR ARMA”

En poder de la Fiscalía hay otro soporte que amplía ese supuesto modus operandi basado en la venta de salvoconductos. Es la versión de una mujer que llegó a la brigada a tramitarle un permiso a un tercero para quien trabajaba. Allí, contrario a lo que ella esperaba, y como al parecer había acordado con un alto oficial retirado, la recibió un militar que no estaba al tanto del ilícito, y quien termina interrogándola: “¿A usted cuánto le colaboran por cada arma?”, le pregunta él. Y ella, preocupada por haber quedado en evidencia, intenta explicar la situación: “Eso viene desde arriba. A mí simplemente me dijeron ‘tenga la plata’ para que la trajera acá. Quiénes [estén] untados, no sé qué. Con decirle que conozco a mi general Romero; diga que va de su parte y que él llamó. Así, si ellos ya saben. Sí me entiende desde dónde empieza la mentira”.

La mujer luego explica que acordó ese pago con un coronel retirado. “A mí me dijeron que viniera acá y diera once millones y medio”, dice ella. Al parecer, el pago no era la única irregularidad en ese fraudulento trámite. El oficial que la atiende le explica que “el señor (quien solicitaba el arma) tenía un problema de narcotráfico”. En este punto, la mujer le insiste al oficial que le devuelva la documentación del hombre que la mandó hasta la brigada, en un intento por borrar el rastro de ese fraude y por volver a intentar la misma movida, pero en otra ciudad. “Me dijeron: ‘esto es tan sencillo que si le entrega la carpeta, ellos se van para otra ciudad”’.

En agosto del año pasado, siete meses después de que el general Romero abandonó la Cuarta Brigada para escalar a la comandancia de la Tercera División del Ejército, se desató un escándalo en Antioquia. La Policía capturó a alias Pichi Belén, el jefe máximo de la Oficina, la organización criminal más poderosa de Medellín. Hubo revuelo cuando se supo que el capo tenía un arma con un salvoconducto que había conseguido en Neiva, pese a que llevaba a cuestas una orden de captura y tenía antecedentes criminales. “Es materia de investigación el por qué el hombre más buscado de Medellín tenía un arma de fuego con permiso”, dijo en su momento Claudia Carrasquilla, la fiscal contra el crimen organizado.

EL LÍO DEL COMBUSTIBLE

En los expedientes reposa una declaración de un oficial que trabajó bajo el mando de Romero en Medellín, y que agrega detalles sobre el presunto cartel de los permisos de armas. “Los empresarios antioqueños se han venido quejando por lo del manejo de permisos especiales y mi general, supuestamente, los está reuniendo para colaborarles (…) Mandaba a mi mayor Romero y al sargento Echavarría a que los reuniera y les hablaran de una situación a mejorar la inteligencia y una colaboración especial (…) La gente se ha venido cansando de eso y ya hay comentarios”.

El oficial luego hace referencia a un trino del abogado antioqueño Jaime Restrepo, que se autodenomina como El Patriota en sus redes sociales y allí mismo ha mostrado que tiene varias armas. “La firma de los permisos para armas de fuego y permisos especiales se convirtió en la caja menor de la Cuarta Brigada. ¡Corrupción!”, publicó el 25 de noviembre de 2016.

El oficial, además, habría advertido los presuntos desvíos del dinero que la brigada recibía para costear el combustible de sus vehículos. Eso, dice, le causó problemas con Romero: “Mi general cuando le expusimos el trabajo él se enojó, que por qué nos metíamos en esa parte. Después nos dimos cuenta de que sacaron 30 millones de pesos que cambiaron en efectivo y se los dieron a él para un viaje que hizo a Brasil con la esposa”. En esa ocasión, Romero habría recibido viáticos regulares del Ejército porque se trataba de un viaje conocido como de georreferenciación, al que asisten varios altos oficiales… El dinero extraído irregularmente del presupuesto de combustible era para costear el acompañamiento de su esposa.

“También hubo un contrato de 384 millones cuando llegó la partida de mantenimiento en agosto y septiembre. Resulta que la partida (…) la pagaron completa con una verificación de vehículos que nunca recibieron los mantenimientos estipulados”. El oficial agrega: “Él se trajo su cúpula. Puso los mismos que tenía en la Séptima Brigada en Villavicencio. Los puestos que manejan la parte administrativa de dinero los manipula él”, dijo en una declaración que está en poder de la Procuraduría y la Fiscalía. Tras dejar el cargo en la Cuarta Brigada, el general Romero fue designado para un puesto superior, como comandante de la Tercera División.

En 2018, cuando no fue llamado a curso de ascenso para mayor general, se dio por descontado que pasaba a retiro. Sin embargo, con los cambios del año pasado fue ascendido a la cúpula militar, al frente del Comando de Apoyo Integral y Desarrollo en el país.

Por intermedio de la oficina de prensa del Ejército, el jueves en la tarde SEMANA envió un cuestionario al brigadier general Romero. El viernes en la mañana el oficial se acercó a las inmediaciones de la revista afirmando tener el cuestionario respondido. Este medio pidió una entrevista grabada al oficial, la cual no aceptó y, al cierre de esta edición, al final de la tarde del viernes, aún no había hecho llegar las respuestas del cuestionario. 

General Jorge Romero sale del Ejército tras las investigaciones de SEMANA

El hasta ahora jefe del Comando de Apoyo Integral y Desarrollo fue llamado a calificar servicios. Varios testimonios lo involucran en una especie de cartel para la venta de salvoconductos de armas, entre otras conductas irregulares.

El brigadier general Jorge Horacio Romero fue llamado a calificar servicios. Esto, luego de que SEMANA publicó en su última edición una investigación sobre malos manejos por parte de altos oficiales de la institución, entre los que aparece su nombre. Las denuncias apuntan a irregularidades durante su paso por la comandancia de la Cuarta Brigada, en Antioquia.

El general Adelmo Fajardo, segundo comandante del Ejército y salpicado en la investigación de SEMANA, fue enviado a vacaciones mientras aclara las denuncias en su contra. Por su parte, el general Eduardo Quirós, jefe del comando de apoyo a la contrainteligencia, fue trasladado a otra unidad que está por definirse. Quirós habría liderado una campaña de persecución para dar con los oficiales que están dando información a los medios de comunicación sobre las irregularides al interior de la fuerza. 

Este lunes, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que se tomarían medidas administrativas y disciplinarias con algunos oficiales involucrados en estos hechos. “Quiero ser claro, no queremos ser ni indulgentes ni temerarios, pero sí muy diligentes”, dijo. El jefe de la cartera aseguró que se reunió con el fiscal general de la Nación (e), Fabio Espitia, para que le informara sobre los avances de las investigaciones que puedan cursar sobre algunos miembros de la fuerza pública. “Le ofrecí toda mi colaboración”, dijo.

La Fiscalía, por su parte, informó que desde hace un año adelantan pesquisas contra Romero. La Procuraduría abrió una investigación contra el alto oficial.

Tomado y transcrito de la Revista Semana  https://www.semana.com/nacion/articulo/las-ovejas-negras-en-el-ejercito-investigacion-sobre-supuesta-corrupcion/622276